Elecciones en Cataluña

Ayer se celebraron elecciones en Catalunya. Es curioso constatar la forma tan diferente que tiene en valorar el resultado la prensa nacional y la extranjera. La prensa nacional considera un fracaso del independentismo por ligarlo únicamente al actual presidente del gobierno catalán el Honorable Artur Mas quien ha ganado las elecciones pero con gran pérdida de escaños con respecto a las últimas elecciones. Por contra la prensa internacional suma los escaños obtenidos por los partidos políticos en favor del independentismo y comprueban que hay mayoría por una Cataluña independiente.

Los próximos días son muy importantes para ver si estos partidos saben trabajar conjuntamente para poder conseguir su objetivo. Evidentemente han de priorizar ante todo cómo sacar al país de la crisis actual.

El juego sucio

Editorial del periódico EL PAIS de 24-11-2012
Las elecciones convocadas para mañana en Cataluña tienen el valor de una primera consulta sobre el soberanismo reivindicado por CiU y por su candidato a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, que ha pedido una “mayoría excepcional” para llevar a cabo sus planes. Solo a partir de la huelga del 14 de noviembre han aparecido en la campaña asuntos relacionados con el paro, los recortes al gasto sanitario y educativo o si es viable una Cataluña separada de España y fuera de la UE. Apenas esos debates comenzaban a abrirse paso, el terreno de juego electoral se ha visto súbitamente embarrado por la utilización de un presunto informe policial sobre cuentas secretas atribuidas a personas importantes en CiU, entre ellos Artur Mas y Jordi Pujol, así como pagos en efectivo que “podrían corresponder” a Felip Puig. En plena campaña electoral, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dado por hecho que tales cuentas existen y ha pedido explicaciones a sus tenedores en vez de contar lo que él pueda saber.

Los ciudadanos tienen derecho a conocerlo todo sobre la evasión de impuestos por parte de los políticos. Pero lo que no tiene pase en un Estado de derecho es que delitos supuestamente descubiertos por cuerpos policiales o por la Agencia Tributaria se mantengan en secreto, discurran por canales irregulares o sean hurtados a la justicia. No se puede tirar la piedra y esconder la mano. Lo que la policía y la Agencia Tributaria hayan indagado a partir del llamado caso Palau tiene que hacerse dentro de la legalidad. Resulta insoportable que un Gobierno emanado de las urnas se sitúe en el terreno de la ambigüedad respecto a la realidad o no de investigaciones practicadas bajo su responsabilidad, en vez de obligar a explicarse al director de la Policía, Ignacio Cosidó, y desde luego al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Tampoco es pequeña irregularidad la forma y el momento en que ese papel ha sido comunicado al juez del caso Palau: lo ha llevado a cabo un sindicato policial, el SUP, tras una semana de intensa explotación del contenido que afectaba a CiU (no así a otros) en los medios de comunicación, a partir de su filtración. El jefe de la unidad policial a la que pertenece el membrete del documento niega que haya sido elaborado en su departamento, mientras el SUP lo atribuye a “policías indignados” de que sus investigaciones caigan en saco roto. El texto en cuestión no detalla nada sobre el presidente de la Generalitat, sino que se limita a una colección de datos anónimos e insinuaciones sobre el “padre de Artur Mas” o familiares del expresidente, Jordi Pujol, además de una comisión supuestamente entregada a la fundación FAES (presidida por José María Aznar). La copia del supuesto informe distribuida a la prensa por el SUP también es anónima: carece de sello, fecha y firma del autor.

La utilización de tal documento en campaña tensiona a los electorados del nacionalismo catalán y del Partido Popular. Pero más allá de los efectos que tenga mañana en las urnas, es inaceptable que el presidente del Gobierno y el ministro del Interior hayan intentado sostener que no saben nada. Sobre todo después de que la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, diera ayer por bueno un informe policial del que nadie se hace responsable. El PP vetó las peticiones para que los ministros de Interior y Hacienda se explicaran urgentemente en el Congreso, lo cual deja clara su nula voluntad de aclarar el escándalo antes de la votación. No sabemos de las intenciones de quienes han decidido intervenir de este modo en la campaña catalana, pero todo parece indicar que el Estado se sienta sobre una cloaca incompatible con la democracia.

A ver si aprendemos

La banca privada (Taula de Canvi) apareció en Barcelona durante el reinado de Jaime I El Conquistador (1213-1276). La legislación romana y goda que regían este negocio fue sustituida por los "USOS DE BARCELONA".

Estos son algunos de los articulos de esta legislación bancaria:
El 13 de febrero de 1300 se estableció que cualquier banquero que se declarara en bancarrota sería humillado por toda Barcelona por un voceador público y forzado a vivir en una estricta dieta de pan y agua hasta que devolviese a sus acreedores la cantidad completa de sus depósitos.

El 16 de mayo de 1301 se decidió que los banqueros estarían obligados a obtener fianzas y garantías de terceras partes para poder operar, y a aquellos que no lo hicieran no se les permitiría extender un mantel sobre sus cuentas de trabajo. El propósito de ello era señalar a todo el mundo que estos banqueros no eran tan solventes como aquellos que usaban manteles, es decir, que estaban respaldados por fianzas. Cualquier banquero que rompiera esta regla (por ejemplo, que operase con un mantel, pero sin fianza) sería declarado culpable de fraude.

Sin embargo, a pesar de todo, los banqueros pronto empezaron a engañar a sus clientes.

Debido a esos engaños, el 14 de Agosto de 1321 se estableció que aquellos banqueros que no cumpliesen inmediatamente sus compromisos, se les declararía en bancarrota, y si no pagasen sus deudas en el plazo de un año, caerían en desgracia pública, lo que sería pregonado por voceros por toda Catalunya. Inmediatamente después, el banquero sería decapitado directamente enfrente de su mostrador, y sus propiedades vendidas localmente para pagar a sus acreedores.

Existen evidencias documentales de que esto se cumplia.
Por ejemplo, el banquero Francesc Castelló, fue decapitado directamente frente a su mostrador en 1360, en estricto cumplimiento de la ley.

A ver si aprendemos...

Catalunya y democracia

Hoy un interesante artículo de Antoni Puigvert en el diario La Vanguardia de Barcelona. Creo que da en el clavo. El proceso de la independencia catalana o es exquisitamente democrático o no será. Transcribo a continuación el texto íntegro.

A medida que avanza por los caminos de precampaña, el catalanismo parece perder frescura y alegría; pierde el candor con que se manifestó por las calles de Barcelona el pasado septiembre, desplegándose al margen de los partidos. Así como la nieve recién caída muestra una blancura cegadora que, al ser hollada, tiende al color de ala de mosca, aquel arranque ilusionado adquiere en manos de los partidos un carácter prosaico, empinado y fatigoso. El portavoz Homs, los partidos que apoyan el proceso soberanista e incluso el president Mas están perdiendo la iniciativa después de haber infravalorado el peso de la realpolitik europea y de haber aceptado la discusión sobre las hipótesis de futuro. Cada día se producen más discusiones bizantinas sobre la viabilidad legal del Estado catalán. Unas discusiones que tienden a la abstracción y obligan a los soberanistas a construir castillos en el aire, castillos que son fácilmente derribados por sus oponentes. Mientras el soberanismo impulsa algo nuevo que, al no haber todavía cristalizado, no forma parte de los datos de la realidad, sus adversarios apelan a la realidad presente: a las leyes y a la actual correlación de fuerzas en Europa. Pronto sabremos si el progreso de los que se oponen a la corriente del Onze de Setembre es retórico o se traduce en las encuestas.

Pero el soberanismo también cultiva sus propios problemas. Este es el caso del anuncio institucional que animaba a votar el día 25 con imágenes de la manifestación independentista. El anuncio ha sido impugnado por varios partidos y prohibido por la Junta Electoral Central con buen criterio. Una campaña institucional no puede ilustrarse con unas imágenes que contengan un mensaje ideológico explícito. No vale argumentar que otras imágenes del vídeo remiten a ideas y hechos que pueden no ser compartidos por todos los electores. Y no vale por dos razones. Primera, las otras imágenes se refieren a acontecimientos pasados, que no están en discusión en estas elecciones. La segunda razón es más importante, porque se refiere al fondo de la propuesta soberanista. La corriente que cristalizó el Onze de Setembre apela fervorosamente a la democracia. Alza como bandera principal, más que la senyera o la estelada, el derecho a decidir. Una corriente que apela a la democracia no puede juguetear con la democracia. Por razones éticas y estéticas; también por astucia y seriedad: con la ayuda de trampas infantiles no se realiza un cambio histórico. En un vídeo institucional, las imágenes de la manifestación del Onze de Setembre, para ser verazmente democráticas, debían tener un contrapeso. Un grupo de personas tenía que decir, por ejemplo: "Nosotros no quisimos ir a aquella manifestación: no nos gustaba; y también votaremos".

La pulcritud democrática reforzará el proceso de la misma manera que cada error de este tipo alimenta en el exterior el tópico que identifica catalanismo con populismo. Hay que recordarlo de nuevo: este proceso, o es exquisitamente democrático, o no será.